Declaración Pública: Frente Amplio rechaza la mutualización aprobada en el Senado por la Ley Corta de Isapres

Rechazamos tajantemente la aprobación en el Senado el día de ayer de las
indicaciones presentadas por la derecha y demócratas a la Ley Corta de Isapres que
posibilitan el alza de precios base y la mutualización
, es decir, la baja de la deuda total
que tienen estas entidades que alcanza los 1.100 millones de dólares a $470 millones de
dólares, cifra determinada por una sentencia de la Corte Suprema.

Desde la Sala del Senado la derecha nuevamente intenta poner a las Isapres por sobre la
ley, permitiendo que vulneren los derechos de las personas al introducir el perdonazo
que constituye la mutualización, con una rebaja artificial que le mete la mano en el
bolsillo directamente a las familias.

Esta rebaja afectará más a las mujeres que han sido históricamente perjudicadas por las
malas prácticas de una industria a la que hoy se le permite administrar la cotización del
7% de la seguridad social de nuestro país, pero que está lejos de operar bajo una lógica
de seguridad social.

No es acorde al funcionamiento que han tenidos estas entidades desde su creación
plantear que la deuda que tienen las Isapres con las personas y que fue determinada
por una sentencia judicial, se debe reducir en base a que, en la teoría, los seguros
funcionan en base a principios de solidaridad en que se “mutualizan” los riesgos. Esto
equivale a pretender que las Isapres funcionan como FONASA, es decir, donde la
solidaridad es automática sobre el 100% del aporte y no hay ninguna discriminación. Por
el contrario, la forma de fijar las tarifas de los planes de las ISAPRES en nuestro país se ha fundado en el riesgo individual, y en la selección de las personas con menos riesgo, lo
que les permite acumular utilidades.

Históricamente las personas con mayor mayor edad, problemas de salud o con mujeres
en edad fértil, sufren alzas progresivas de los precios de sus planes o terminan siendo
expulsadas por estas entidades, debiendo FONASA y el sistema público financiar esas
prestaciones en un periodo de mayor gasto.

El modelo de negocios de las ISAPRES se construyó en base a la discriminación a las
personas. Transgredieron las garantías constitucionales, lo dispuesto en la ley y, más
aún, continuaron haciéndolo años después de numerosas sentencias de la justicia que
lo prohibían expresamente (como el fallo del Tribunal Constitucional de 2010) y de la
publicación de una Tabla Única de Factores por parte de la Superintendencia de Salud.

Desde el Frente Amplio daremos la pelea en todos los espacios que sea posible para
evitar que prospere esta traición al espíritu de las sentencias de la Corte Suprema.

Creemos que no se debe subestimar el riesgo de que los poderes Ejecutivo, Legislativo y
Judicial entren en tensión producto de este subterfugio. La maniobra de la derecha
además es tramposa, puesto que el poder legislativo no tiene las atribuciones para este
tipo de indicaciones, que debiesen ser de iniciativa exclusiva del Ejecutivo en tanto se
refieren a la seguridad social. En función de lo anterior además se puede reabrir la
judicialización que contribuyó a generar esta crisis, puesto que las personas podrían
legítimamente acudir a la justicia al ver afectado su derecho a recibir la restitución de
las cotizaciones que les fueron cobradas en exceso.

Utilizaremos todas las herramientas institucionales a nuestra disposición como la
reserva de constitucionalidad desde el Senado y otras acciones desde nuestra
bancada de la Cámara de Diputados/as, que se opondrá férreamente a este
perdonazo.

Hacemos un llamado al resto del oficialismo y a los sectores sociales a trabajar
conjuntamente para evitar que prospere, al igual que cualquier otra medida que busque
evitar el cumplir con las sentencias de la Corte Suprema.